La CDI fue creada el 21 de mayo de 2003, como un organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado,
con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía
operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad
de México, Distrito Federal.
La CDI se estableció como instancia de consulta obligada en materia
indígena para el conjunto de la Administración Pública Federal, así como
de evaluación de los programas y acciones de gobierno y de capacitación
de servidores públicos federales, estatales y municipales para mejorar
la atención a la población indígena.
Al ser instancia de consulta y realizar tareas de colaboración con las
dependencias y entidades de la administración pública federal, de
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas y
de concertación con los sectores social y privado, la CDI utiliza los
programas y su presupuesto para construir una acción convergente y
articulada para contribuir tanto al desarrollo integral, como a hacer
efectiva la promoción y vigencia de los derechos indígenas garantizados
en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
A partir de los planteamientos de los
representantes indígenas, expresados en procesos de consulta, así como
del marco institucional que reconoce las prioridades señaladas por
ellos, la CDI define el desarrollo con identidad para los
pueblos y las comunidades indígenas, como el objetivo en torno al cual
se han de articular los esfuerzos de las dependencias y entidades de
todas las instituciones, de los diferentes órdenes de gobierno y de
todos los actores sociales.
En la búsqueda de la armonización del
marco jurídico nacional en congruencia con los derechos colectivos
indígenas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los instrumentos internacionales adoptados por el México,
la CDI trabaja en la elaboración de opiniones jurídicas para apoyar el
trabajo legislativo en los ámbitos federal y estatal. También se
coordina con instituciones públicas encargadas de la administración y
procuración de justicia, para promover el respeto y la defensa de los
derechos humanos de la población indígena y apoya el fortalecimiento de
capacidades en materia de derechos indígenas.
Promueve como uno de sus principios
básicos incluir del enfoque de género en los programas y acciones que
desarrolla, a fin de revertir la mayor desventaja y rezago que hoy viven
las mujeres indígenas por su condición de género, clase y etnia.
A través de programas, proyectos y
acciones, la CDI promueve la valoración y el respeto de las culturas y
lenguas indígenas del país, como elemento fundamental para construir un
diálogo intercultural y con ello contribuir a eliminar la discriminación
hacia la población indígena. Ante semejante reto, se realizan acciones
para el fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial de las
culturas indígenas y para la difusión de la diversidad cultural y
lingüística del país en los medios masivos de comunicación.
Esta dependencia tiene establecido un
sistema de consulta hacia los pueblos y comunidades indígenas para
mejorar el diseño de políticas públicas en los ámbitos que les atañen
directamente. Se parte del principio de que la participación es un
elemento muy valioso para la elaboración de estrategias de desarrollo
para las diferentes comunidades, municipios y regiones, culturalmente
pertinentes, dado el conocimiento que la población indígena tiene sobre
su propio entorno. La participación indígena es un factor de gran
importancia para conservar los elementos culturales deseados por las
propias comunidades y definir los cambios a los que aspiran.
Otro elemento importante de la gestión
institucional, es canalizar recursos y esfuerzos públicos para que la
población indígena supere los rezagos en materia de infraestructura
básica y de comunicaciones para mejorar sus condiciones de vida. A
través de diversos programas, se apoyan proyectos para el desarrollo
económico, la construcción de vivienda, la dotación de los servicios de
agua potable, electricidad, desagüe, entre otros, se construyen y
modernizan caminos rurales y alimentadores, además de mejorar el acceso a
las nuevas tecnologías de telecomunicación. Dentro de la normatividad
de los programas institucionales, se consideran criterios de
sustentabilidad ambiental y se canalizan apoyos hacia proyectos para el
uso sustentable de los recursos naturales.
Se realizan acciones coordinadas para
fortalecer el sistema de salud, que considere la medicina tradicional e
incluso modelos de atención con un enfoque intercultural. Se promueve el
mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación básica bilingüe,
educación media superior y superior en regiones indígenas.
A fin de avanzar hacia nuevos modelos de
gestión del desarrollo con un enfoque territorial, se apoya la
integración de diagnósticos en la escala local, municipal y regional que
incluyan el ordenamiento ecológico territorial y consideren las
particularidades culturales, promoviendo los acuerdos necesarios entre
los tres órdenes de gobierno y la población local para apoyar la
elaboración de planes de desarrollo de largo plazo que sean
sustentables, integrales y culturalmente pertinentes.
Otro tema de la gestión institucional es
la migración, en sus diversas formas, tanto de las jornaleras y
jornaleros agrícolas en los campos laborales, como de la población
indígena que habita en ciudades, para lo cual se avanza en el diseño de
políticas diferenciadas para atender la amplia gama de circunstancias
que enfrentan a esta población, como es la necesidad de vivienda y
dotación de servicios, la formación de capacidades laborales, protección
contra las redes de delincuencia organizada, o espacios para sus
expresiones culturales, entre otros.
Misión
Somos
una institución rectora de las políticas públicas federales para el
desarrollo y preservación de los pueblos y comunidades indígenas, que
garanticen el respeto a sus culturas, la vigencia de sus derechos y el
logro de una vida plena
Visión
Los pueblos y comunidades
indígenas definen sus proyectos de desarrollo en un marco de equidad e
inciden en la formulación y aplicación de políticas públicas para su
beneficio, viven en condiciones sociales y económicas semejantes al
promedio nacional y ejercen plenamente sus derechos.
http://youtu.be/6tYyuQLz2XU
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